El martes 27 de noviembre de 2012, alrededor de las 16.30 hs.
decenas de asambleístas por el No a la Mina de la UAP – Unión de
Asambleas Patagónicas- quienes se habían concentrado en las puertas de
la legislatura Chubutense, fueron brutalmente reprimidos por 300
patoteros de la UOCRA.
En la tarde del 27, en Rawson - Chubut, una porción del Pueblo argentino, y todos los argentinos por extensión volvimos a sentir la violación a los derechos más básicos, la violación de la ley, la violación constitucional. Volvimos a sentir la represión, en “plena democracia”. Nos preguntamos dónde están los derechos y garantías, cuando hombres, jóvenes, mujeres y niños fueron brutalmente golpeados, por una patota de la UOCRA - Sindicato de la Construcción- que al decir de los compañeros de la UAP, fue contratada por los funcionarios del Gobernador Buzzi.
Los compañeros de la Unión de Asambleas Patagónicas por el No a la Mina, fueron emboscados y golpeados salvajemente con palos y cadenas en "Zona Liberada" por la policía cuando se encontraban en puertas de la legislatura chubutense, para –y como es una costumbre ya, los días martes y jueves desde hace 3 meses- presenciar la sesión de Diputados. Allí aparecieron los agresores, ubicándose detrás del doble vallado, colocado por la policía provincial.
Casualmente, los mismos, que se identificaban por el Si a la Mina, se habrían reunido días atrás en Buenos Aires con el Diputado Nacional Carlos Eliceche, quien les pediría su apoyo para lograr la aprobación del Marco Regulatorio Minero. De ocurrir, la Ley provincial 5001, que prohíbe la megaminería en Chubut, ya no tendría razón de ser.
Durante el ataque, autoridad de ningún tipo se hizo presente. Tristemente, desde las ventanas de la legislatura, Diputados espectadores observaban la fatídica secuencia sin inmutarse. Más tarde, en la comisaría, la policía reconocía a los Vecinos haberse tratado de una zona liberada.
Acorde al comunicado de Prensa de la UAP: “Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio”.
Según el Fiscal Federal de Tucumán Gustavo Antonio Gómez, recientemente se inició una causa penal por “riña” respecto a los hechos recientemente descriptos, lo que es en sí, una completa falacia. La prensa oficialista por su parte, tratando de tergiversar la realidad de lo acontecido, expresa como una simple pelea, el repudiable acto de violencia que sufrieron los compañeros chubutenses.
En la tarde del 27, en Rawson - Chubut, una porción del Pueblo argentino, y todos los argentinos por extensión volvimos a sentir la violación a los derechos más básicos, la violación de la ley, la violación constitucional. Volvimos a sentir la represión, en “plena democracia”. Nos preguntamos dónde están los derechos y garantías, cuando hombres, jóvenes, mujeres y niños fueron brutalmente golpeados, por una patota de la UOCRA - Sindicato de la Construcción- que al decir de los compañeros de la UAP, fue contratada por los funcionarios del Gobernador Buzzi.
Los compañeros de la Unión de Asambleas Patagónicas por el No a la Mina, fueron emboscados y golpeados salvajemente con palos y cadenas en "Zona Liberada" por la policía cuando se encontraban en puertas de la legislatura chubutense, para –y como es una costumbre ya, los días martes y jueves desde hace 3 meses- presenciar la sesión de Diputados. Allí aparecieron los agresores, ubicándose detrás del doble vallado, colocado por la policía provincial.
Casualmente, los mismos, que se identificaban por el Si a la Mina, se habrían reunido días atrás en Buenos Aires con el Diputado Nacional Carlos Eliceche, quien les pediría su apoyo para lograr la aprobación del Marco Regulatorio Minero. De ocurrir, la Ley provincial 5001, que prohíbe la megaminería en Chubut, ya no tendría razón de ser.
Durante el ataque, autoridad de ningún tipo se hizo presente. Tristemente, desde las ventanas de la legislatura, Diputados espectadores observaban la fatídica secuencia sin inmutarse. Más tarde, en la comisaría, la policía reconocía a los Vecinos haberse tratado de una zona liberada.
Acorde al comunicado de Prensa de la UAP: “Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio”.
Según el Fiscal Federal de Tucumán Gustavo Antonio Gómez, recientemente se inició una causa penal por “riña” respecto a los hechos recientemente descriptos, lo que es en sí, una completa falacia. La prensa oficialista por su parte, tratando de tergiversar la realidad de lo acontecido, expresa como una simple pelea, el repudiable acto de violencia que sufrieron los compañeros chubutenses.
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