Estimada
Sra. Presidente de la Nación Argentina
Dra. Cristina Fernández
De mi consideración,
Nunca menos:
He leído su carta al actor Ricardo Darín, y no puedo dejar de decirle que me ha sorprendido.
Sabe
Ud. que hemos sido nosotros en alguna oportunidad los que promovimos
denuncia o solicitudes de investigación en sede judicial sobre su
patrimonio. Y sabe también Ud. que, al menos en mi caso personal no
opino sobre los fallos judiciales.
Creo en la justicia, aunque como toda generalización no implica que crea en todos los jueces, fiscales, camaristas, etc.
Aún
cuando los fallos no sean sujetos a nuestras denuncias, pruebas y
razonamientos conforme a los delitos que promovemos investigación, deben
ser acatados.
Por lo tanto, la situación patrimonial que hoy se le investiga esta en ese ámbito.
Quizá
esa frase sola hubiese servido como respuesta al actor, que dudó, pero
ese intercambio generado con él es opinable, pero me excede.
Pero
Ud. se explayó sobre algunas cuestiones que como legislador de la
Provincia de Buenos Aires no puedo no dejar de pensarlas, y de
analizarlas y van mucho más allá del intercambio legitimo que Ud. le
propone a Darín.
Me refiero al siguiente párrafo, que me permito transcribir textual:
“Mire
Ricardo, sin ir más lejos hoy otro diario, La Nación , propietario de
la revista Brando donde usted formuló las declaraciones que llamaron mi
atención, publica en su página 16 un reportaje al Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. No sólo me enteré de que
mantiene sus ahorros en dólares (está en todo su derecho a hacerlo) sino
que cuando el periodista le preguntó por el monto de sus divisas, se
rehusó a contestar y declaró que el monto figura en su Declaración
Jurada, que es pública. En un apartado de la nota los periodistas se
muestran luego sorprendidos porque además, cuando pretendieron acceder a
la información, no se les permitió hacerlo.”
Bien,
aquí va mi primer sorpresa, en una primer lectura pensé que era muy
bueno que Ud. sobresaltara la nota de La Nación y la imposibilidad
periodística de acceder a datos que deberían de por si ser públicos,
¿pero es así?, ¿es eso lo que la anima?.
Si
así fuera déjeme decirle que el régimen de presentación de
declaraciones juradas de funcionarios públicos en Buenos Aires es un Decreto de la dictadura militar.
El
Decreto Ley 9.624 publicado en el Boletín Oficial de fecha 11 de
noviembre de 1980, vigente a la fecha. Ello había surgido a través de lo
actuado en el Expediente número 2.200-1.088.980 y de las disposiciones
de facto Decreto 877/80, como así por el ejercicio de las facultades
legislativas conferidas por la JUNTA MILITAR, que dirigía los destinos
del país, el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires General
Ibérico SAINT JEAN, derogando en su artículo 8º la Ley 5.874, los
Decretos 8.367/58; 11.794/64; 4.26l/69 y a toda otra disposición que se
opusiera a ella, bajo la premisa de limitar la obligatoriedad de tal
presentación a determinados funcionarios.
Ya
sé, Ud. podrá decir por qué me dice esto, si debería ser yo y mis
colegas legisladores provinciales quienes adecuemos las normas para que
el periodismo e inclusive el propio Darín o cualquier ciudadano pueda
cumplir con lo que propone, ni más ni menos que acceder a la información
patrimonial del Gobernador o funcionario cualquiera.
Lo hicimos, convencidos que no es posible a esta altura de la vida política del país y de esta provincia en particular,que perduren normas jurídicas de facto,
y que los adelantos tecnológicos en el campo de la informática, que han
operado en beneficio de la Administración Pública haciéndola cada vez
más ágil y efectiva, invalidan el fundamento argüido para la derogación
de la norma legal primigenia, referente a la engorrosa actividad
administrativa necesaria, sólo modificadas en la democracia por normas
menores y en sus aspectos formales.
En
el año 2007, marzo precisamente, pesenté mi primer proyecto al
respecto. Hace 6 años. Quizá de haberse aprobado hoy otro párrafo de su
carta no hubiera sido pertinente, cuando menciona que: “Nadie parece preocuparse por ninguna otra Declaración Jurada que no sea la de “Los Kirchner” (sic).”…¿Es extraño verdad?”
Por
eso cuando Ud. agrega “Sería bueno, sano y transparente para el sistema
democrático si todas las Declaraciones Juradas de gobernadores,
intendentes, jueces, magistrados, ministros de la corte, estuvieran a
disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas
como siempre lo son las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner.”, yo le propongo:
NUNCA
MENOS; instruya a los legisladores provinciales de su partido para
darle tratamiento en Buenos Aires a algunos de los expedientes que nos
permitiría dar plena vigencia a la publicidad de los actos de gobierno y
de las acciones de los funcionarios.
Así
la polémica habrá tenido otro sentido que su apasionada respuesta, y la
imputación que Ud. le formula al Gobernador en consonancia con el
periodismo tendrá un correlato provechoso.
¿Por qué sino sabe lo que sucedería? Rápidamente esta polémica terminará y podría ser parte de otro Cuento Chino.
Respetuosamente Walter Martello; Diputado y presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Provincia de Buenos Aires.
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