Así lo afirmó el diputado Walter Martello, quien alertó sobre cláusulas contractuales que garantizan la continuidad de la firma Boldt en el negocio. También cuestionó la ausencia de controles de las empresas del Grupo Bapro.
El presidente
del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter
Martello, cuestionó el anuncio realizado hoy por el gobernador Daniel
Scioli y el ex recaudador bonaerense, Santiago Montoya, respecto a que
el Grupo Bapro se hará cargo de la captura de apuestas on line de la
Provincia, servicio que está en manos de la empresa Boldt desde 1993.
“Mientras Scioli y Montoya vendían humo en la presentación, Boldt informaba a la Bolsa de Comercio que había firmado un contrato con el gobierno provincial para seguir prestando servicios durante 10 meses, prorrogables por 6 meses más. Y con una cláusula que dice que si el Grupo Bapro no está en condiciones de hacerse cargo en su totalidad de la captura de apuestas, habrá distintas alternativas de continuidad para la empresa”, sentenció Martello. Asimismo recordó que Boldt fue la firma denunciada por el vicepresidente Amado Boudou, tras conocerse el escándalo por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.
También afirmó que “esta movida que está realizando la provincia nada tiene que ver con la estatización. El contrato establece que la empresa del Grupo Bapro, que supuestamente se hace cargo del servicio, es Bapro Medios de Pago, una sociedad anónima que no está sometida a ningún tipo de control por parte de los organismos de la Constitución provincial. Solamente es auditada por el Banco Central, un organismo ajeno al Estado bonaerense”.
Por último, Martello agregó que “nosotros proponemos una estatización total del negocio del juego en la provincia, que se cumpla con lo que dice la Constitución y que, a medida que se vayan registrando los vencimientos de los contratos de concesión, sea el Estado el que directamente administre desde los bingos y las tragamonedas, hasta la captura de apuestas. Es la única forma que haya un control efectivo para que los recursos que genera este negocio multimillonario realmente sean destinados a paliar las necesidades sociales que existen en nuestra Provincia”.
“Mientras Scioli y Montoya vendían humo en la presentación, Boldt informaba a la Bolsa de Comercio que había firmado un contrato con el gobierno provincial para seguir prestando servicios durante 10 meses, prorrogables por 6 meses más. Y con una cláusula que dice que si el Grupo Bapro no está en condiciones de hacerse cargo en su totalidad de la captura de apuestas, habrá distintas alternativas de continuidad para la empresa”, sentenció Martello. Asimismo recordó que Boldt fue la firma denunciada por el vicepresidente Amado Boudou, tras conocerse el escándalo por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.
También afirmó que “esta movida que está realizando la provincia nada tiene que ver con la estatización. El contrato establece que la empresa del Grupo Bapro, que supuestamente se hace cargo del servicio, es Bapro Medios de Pago, una sociedad anónima que no está sometida a ningún tipo de control por parte de los organismos de la Constitución provincial. Solamente es auditada por el Banco Central, un organismo ajeno al Estado bonaerense”.
Por último, Martello agregó que “nosotros proponemos una estatización total del negocio del juego en la provincia, que se cumpla con lo que dice la Constitución y que, a medida que se vayan registrando los vencimientos de los contratos de concesión, sea el Estado el que directamente administre desde los bingos y las tragamonedas, hasta la captura de apuestas. Es la única forma que haya un control efectivo para que los recursos que genera este negocio multimillonario realmente sean destinados a paliar las necesidades sociales que existen en nuestra Provincia”.
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