Documento de aporte elaborado por el Bloque de Diputados y Senadores Bonaerenses de la CC-ARI
La discusión sobre el derecho al voto de los menores de 16 años
debe necesariamente tener lugar, en un marco de reformas integrales.
Para evitar el oportunismo electoral, antes del derecho al voto,
queremos debatir otros derechos. Porque este debate no puede iniciarse
en un contexto de desigualdad como el que hoy existe.
En primer lugar, debemos garantizar como paso previo e indispensable, el acceso de los jóvenes al sistema educativo.
En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 1.300.000 jóvenes
de entre 15 y 19 años que se enfrentan diariamente a problemáticas
endémicas que condicionan sus posibilidades de ser incluidos en lo que
pretende ser un debate serio sobre los jóvenes como actores protagónicos
del entramado de nuestra sociedad.
Como dato descriptivo nos encontramos con que el 47% de los
adolescentes urbanos vive en hogares con al menos un problema de
habitabilidad refiriéndonos a hacinamiento, vivienda deficitaria,
déficit de saneamiento. Estos problemas afectan el espacio de vida común
de los adolescentes en nuestra Provincia, esto lo podemos analizar a
través de la tasa NINI.
La tasa NINI es un indicador sobre adolescentes que no trabajan ni
estudian, actualmente en nuestra Provincia un 14% de los jóvenes no
trabaja ni estudia, y esta franja indica que hay un nivel de
desocupación juvenil del 17%.
La pobreza impacta significativamente en este grupo etario,
alcanzando valores que superan el 30 por ciento. La desocupación también
afecta mayormente a los jóvenes, sobre todo si se los compara con la
población adulta. Esto refleja ciertas dificultades en el acceso al
mercado de trabajo. Los datos también muestran que 364.784 jóvenes no
tienen una inserción laboral ni asisten a una institución educativa
formal. Son los denominados “NINI” que ni estudian ni trabajan.
Unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años, ni estudian ni tienen trabajo.
En la provincia de Buenos Aires hay casi 4 millones de niños y
adolescentes que asisten a la escuela de educación común. Entre ellos,
alrededor de 1.4 millones lo hacen en el nivel secundario (35,8%). Es
precisamente este grupo sobre el que se genera este debate en torno a la
facultad de votar con 16 años, un fragmento joven que recibe
fuertemente el impacto de la falta de políticas inclusivas, a partir de
la educación. No hay desde el estado una planificación estratégica, que
retenga a los jóvenes en las escuelas, y ello no es un problema menor,
es la base para empezar a debatir como se van a insertar activamente en
la agenda pública.
Si observamos que tenemos hoy en nuestra provincia una tasa de
abandono que ronda un 13.3% de los jóvenes, correspondiéndose un 7% a
los alumnos que concurren a colegios privados, mientras un 17% se
condice con los alumnos que abandonan las instituciones públicas, se ve
claramente que no hay una política pública de inserción educativa.
Según el informe de la Unesco Global Educativa Digest, de 2010,
sólo el 43% de los chicos argentinos que cursa el secundario lo termina
en los plazos establecidos y solo la mitad accede a ese título.
Esos datos sitúan a la Argentina como uno de los países de la
región con más baja tasa de graduación en el secundario. Esta situación
es muy grave, ya que resulta elevadísimo el porcentaje que fracasa en la
obtención de una escolaridad mínima para ingresar al mercado laboral.
De esta manera, se está generando demasiada mano de obra no calificada.
El país se ubica detrás de Perú y de Chile, en donde el 70% de los
alumnos completan sus estudios secundarios en el tiempo establecido; de
Colombia (con el 64%); de Bolivia, (57%); de Paraguay (50%), y de
Ecuador (48%).
El secundario concentra el mayor porcentaje de abandono educativo
de la población argentina, que según los datos relevados alcanza al 50%
de los estudiantes.
A propósito del ejercicio del derecho al voto por las y los adolescentes.
En principio decimos que el ejercicio del derecho a la
participación de niños, niñas y adolescentes contribuye a la formación
de sociedades más democráticas cuando niños, niñas y adolescentes gozan
de espacios y oportunidades vivenciales a través de sus distintas etapas
de desarrollo.
Como se manifiesta en la Observación General nro. 12 del Comité de
los derechos del niño es necesario desmantelar las barreras jurídicas,
políticas, económicas, sociales y culturales que actualmente inhiben la
oportunidad de que los niños sean escuchados y el acceso de los niños a
la participación en todos los asuntos que los afecten.
Ello exige un cambio cultural, cual es visibilizar los prejuicios
acerca de la capacidad de NNyA y generar mecanismos de participación
genuina en todos los ámbitos en donde los derechos pueden ser
reconocidos, practicados y respetados - en la familia, en la escuela, en
el cuidado de la salud, en los tribunales, en las comunidades locales y
en los escenarios políticos locales y nacionales-; estimular la
generación de entornos favorables para que NNyA puedan demostrar sus
capacidades y desarrollarlas hasta el máximo de sus posibilidades.
En el presente cantidad de adolescentes participan en las
actividades que los afectan, en el ámbito escolar, en reclamos
ambientales, en la vida de los clubes, etc..
Pero hay gran cantidad de adolescentes que no terminan los estudios
secundarios, que no comprenden un texto, que no tienen acceso a
determinados bienes ni ejercen diferentes derechos de los que son
titulares.
Promover la participación de los y las adolescentes en la vida
política del país implica el ejercicio del derecho a expresar
formalmente sus opiniones políticas.
Esta propuesta, en el momento actual, puede resultar una
oportunidad para generar mecanismos que garanticen la manifestación de
niños, niñas y adolescentes en diferentes ámbitos – familiar, escolar,
salud, comunitario, ambiental, etc.- en miras a que, en el marco de su
capacidad progresiva, lleve a la efectividad del derecho a ser oído en
cuestiones que los afectan en consonancia con los demás derechos
reconocidos.
El gran desafío consiste en implementar políticas y prácticas que
aseguren la igualdad de derechos de todos los niños para su pleno
desarrollo hasta el máximo de sus posibilidades, promover la
intervención de los niños de todas las edades y todos los niveles de
habilidad, construir estructuras institucionales mediante las cuales
puedan ser consultados respecto a todas las leyes y políticas que
influyen en su vida y reconsiderar el límite de edad para ejercer el
derecho de voto, promoviendo la participación de las y los adolescentes
en los procesos políticos formales.
En la actualidad los jóvenes poseen un alto caudal de información
que los habilita para formar opinión, pero hay que tener en
consideración que sin la educación no poseen las herramientas adecuadas
para poder desarrollar sus potencialidades.
Si bien jurídicamente la niñez incluye a como todas las personas
desde que nacen hasta los 18 años, este período es de carácter
evolutivo, en el cual los sujetos van desarrollando sus capacidades
psicomotrices, cognitivas, intelectuales y sociales. Es una etapa en la
que se van registrando cambios y saltos madurativos y, fundamentalmente,
en la que se va construyendo la identidad propia y la autonomía.
Desde un modelo de Estado inclusivo y de protección y promoción de
los derechos de los niños, niñas, y adolescentes se debe asegurar la
igualdad de oportunidades en estos procesos de socialización, donde no
sólo interviene la familia como institución primaria, sino también las
instituciones escolares, la comunidad en general, los medios de
comunicación y demás instituciones de la sociedad.
en momentos en que una sociedad atraviesa todo tipo de dificultades
y tiene pendientes no sólo cuestiones de infraestructura sino también
de reformas políticas serias –subrayó–, centrarse de pronto en la edad
del voto me parece lo menos pertinente
El gobierno y la reelección
Un debate serio debería incluir la mirada de los jóvenes ante esta
propuesta, es necesario un debate donde participen TODOS los actores de
la sociedad, porque el objetivo debería ser la ampliación del concepto
de ciudadanía. La inclusión de los jóvenes necesita transitar
necesariamente un proceso donde los derechos adquiridos no queden en
letra muerta.
Una juventud excluida del sistema educativo, del sistema laboral,
que adolece de oportunidades de todo tipo, merece primero que el estado
subsane estas deudas para poder encarar un debate profundo.
No son más que distracciones para no tener que hablar de lo que
verdaderamente preocupa a la gente, que es la inseguridad, la inflación,
la corrupción, el fracaso educativo y muchas cosas más.
La adquisición del derecho al voto conlleva un incremento en el
sentimiento de responsabilidad de los jóvenes hacia la cosa pública,
estimulando la participación política de los mismos, y allí es donde hay
que poner el foco, de lo contrario caemos en debatir las maniobras de
este gobierno que sólo quiere asegurarse la re-reelección.
Con el derecho al voto, los jóvenes tienen la posibilidad de
aumentar su influencia en la definición de la “agenda pública” de manera
que sus necesidades y problemas adquieran una mayor relevancia. Lo que
resulta contradictorio porque el gobierno no se ha ocupado de incluir a
los jóvenes en el sistema educativo ni en el mercado laboral, habiéndose
incrementado los niveles de exclusión y marginalidad, donde la franja
más afectada, es precisamente, la de los jóvenes, que pasaron a ser
espectadores de un futuro sin oportunidades, y no los protagonistas.
Actualmente el voto a los 16 años está autorizado en: Cuba,
Nicaragua, Ecuador, Brasil, Austria y Chipre. En Indonesia la edad
mínima es de 17 años, mientras que en Eslovenia son los 16, pero si se
ejerce una actividad remunerada. Irán es el país con más bajo límite de
edad para el voto: 15 años.
La iniciativa se aplica parcialmente en algunos estados alemanes,
cantones suizos, comunas noruegas y comunidades británicas y es
actualmente debatida en: Argentina, Chile, Reino Unido, España, Italia y
Bolivia.
Tener en cuenta que los procesos políticos y sociales de los demás
países tanto latinoamericanos como de otros continentes, tienen
realidades e idiosincrasias diametralmente opuestas a algunas de
nuestras tradiciones.
pero ademas, a que sistema los llevamos a votar, al mas arcaico de
Latino América, donde no existe voto electrónico, el oficialismo no
permite que se incorpore la boleta única, que se modifiquen los sistemas
para garantizar el accesos a alas bancas de las minoría, que el
financiamiento sea transparente, que no se confunda publicidad de actos
oficiales con publicidad e imagen de los gobernantes, que se dividan las
elecciones provinciales de las locales, y en definitiva innumerables
proyectos de nuestra autoría que hoy no se discuten, para garantizarles,
que puedan votar libremente, en igualdad de condiciones de elección y
con los métodos mas modernos.
Sergio Zocco
Pte. Coalición Cívica - ARI de Benito Juárez
Marcial Salím
Vice Pte Coalición Cívica - ARI de Benito Juárez.
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