Por: Juan Carlos Mortati
Segunda parte
Entre los cimbronazos que se percibieron en
la escena político-económica de las últimas semanas, la Provincia de Buenos
Aires estuvo en los primeros planos. El anuncio del pago del aguinaldo
desdoblado en varios pliegues significó uno de los picos más sobresaliente de
ese panorama. La situación formaba parte de una las luces de alarma que el
Gobernador Scioli venía percibiendo desde principios de su nuevo período gubernamental.
En una conferencia de prensa de hace pocos
días Daniel Scioli, manteniendo su templanza habitual y su estilo
contemporizador, anuncio que procurará “pagar el aguinaldo lo antes posible”.
Un apoyo suplementario del Gobierno Nacional estaría destrabando los apremios
financieras de la Provincia
para quitarle ese desvelo al titular bonaerense.
Pese a esta
solución alcanzada, Scioli reconoció que
la Provincia
mantiene “un déficit estructural”, que viene arrastrándose de largo tiempo .
LA EMERGENCIA Y LA DISTRIBUCION
TRIBUTARIA
La Provincia de Buenos
Aires viene adoleciendo desde hace tiempo de unos siete puntos porcentuales, que perdiera en pos de la
recomposición solidaria con el resto del territorio nacional, que el sistema de
Coparticipación federal realizó al comienzo de la recuperación democrática hace
ya casi tres décadas.
Esta situación es tal
que, en un estudio realizado por el licenciado Germán Adrián Otero, por el año
2004, otrora ministro de economía de la gestión de Felipe Solá, califica de
“Inequidades del Sistema Federal Argentino” a la distribución secundaria de los
recursos participables, remarcando que “esa distribución es abiertamente
arbitraria”.
Durante sus anuncios Scioli, habló
de la declaración en emergencia a la Provincia, indicando que había mantenido reuniones con su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, con su
Vice Mariotto, y con el titular de Diputados bonaerense, Horacio González,
“para intercambiar opiniones e ir buscando articular el proyecto de ley de
emergencia económica”. Sin avanzar en detalles aclaró que tiene en estudio la
fusión de algunas áreas del Estado para optimizar gastos y también que “analizó
con el Banco Central la forma de derivar activos financieros del Banco
Provincia, donde hay 6 mil millones de pesos”, que servirían potencialmente
para afrontar aguinaldos.
El Gobernador explicó que la Provincia “se esfuerza
en términos recaudatorios, se desendeuda en forma sostenida y aporta más de lo
que recibe de la renta federal, que año tras año ha visto reducida su
participación de la masa coparticipable”. Sostuvo que aporta un 37 por ciento
de la recaudación nacional y recibe el 19,3 por ciento de recursos per cápita:
“1471 pesos por habitante, cuando el promedio es de 4475”.
Más
adelante Sciolí manifestó “La cesión de puntos de coparticipación en los
ochenta, el tope de 650 millones sobre el Fondo del Conurbano y la fijación de
las transferencias por los servicios descentralizados en los noventa sentaron
las bases del déficit estructural”. Afirmó que, en sus comienzos, el Fondo del
Conurbano era el 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias y hoy es el 0,5 por
ciento. Si se hubieran mantenido las proporciones, “hoy representaría 12 mil
millones de pesos”.
UNA TAREA
LEGISLATIVA PENDIENTE
No hay mal que por bien no
venga, afirma un viejo adagio popular y esta situación deficitaria de la Provincia de Buenos
Aires vuelve a colocar sobre el tapete un tema largamente discutido y también
largamente postergado. Es indudable que se abre un caudal muy sustancioso para
un debate legislativo profundo que instale una mirada actualizada sobre este
tema, sobre el cual, en su Tesis mencionada el ex ministro Germán Otero afirma,
“El reparto de recursos
que surge del régimen de coparticipación condiciona sobremanera la capacidad de
gasto de las provincias. Por más que una provincia tenga bases tributarias
suficientemente grandes, sin una distribución adecuada de los recursos
recaudados centralizadamente es virtualmente imposible que ésta pueda
proveer los bienes y servicios con la calidad y en la cantidad
requeridos. Por este motivo es crucial que el reparto de recursos esté
orientado por criterios “objetivos”, que tengan en cuenta las necesidades
diferenciales de los gobiernos subnacionales (provincias) relacionadas no sólo
con el desarrollo relativo, sino también con el tamaño de su territorio, con el
número de habitantes que la integran y con los problemas sociales de los
mismos; también es importante premiar el esfuerzo fiscal realizado en materia de
recaudación propia.”.
Esta adecuación tributaria
pendiente, indudablemente, deberá fundarse sobre los nuevos contextos
socio-económicos producidos y logrados en el país, sobre un enfoque federal
solidario, que atienda las postergaciones estructurales, formule y contemple
los decisivos roles de las políticas públicas del Estado, de los distintos
niveles de las entidades intermedias y asociaciones profesionales, de los entes financieros y de las actuales
potencialidades económicas. La contextualización y los compromisos deben ser
amplios y concretos, sin retaceos. Ningún sector puede “permanecer” distraído.
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