Por: Juan
Carlos Mortati
Lanzar el lazo, sobre el lomo o payanca, para
el hombre de campo siempre significó un desafío. Destreza, habilidad,
experiencia y fortaleza. Justeza en el lanzamiento. El momento clave es cuando
el animal en su carrera queda apresado y se desestabiliza, es donde el hombre
debe aplicar toda su pericia para sostener el embate y afirmarse, contener la
reacción y controlar de la situación. Cada paso tiene su técnica, su
oportunidad, su precisión y por su puesto el riesgo de fallar.
Valiéndonos de esta narración y usándola como metáfora,
podemos observar que otra vez se tensó la cuerda entre sectores del campo y del
gobierno. También, es importante recordarlo, con todos los riesgos implícitos
que esta situación contiene en su tire y afloje.
Da la sensación de que no se termina de configurar el escenario y
el contexto donde la política agropecuaria nacional encuentre su auténtico
derrotero y su genuino perfil. Esta vez el detonante fue el revalúo del
inmobiliario rural en la
Provincia de Buenos Aires, que disparó conjuntamente otros
tributos de orden provincial y nacional. El trámite cumplió los debates y pasos
institucionales a través de las dos cámaras provinciales, en medio de
discrepancias y posiciones encontradas,
dentro y fuera de la escena legislativa.
El conflicto puso en movilización a las instituciones que
conforman la Mesa
de Enlace que agrupa a los sectores agropecuarios del país, buscando la
nacionalización del diferendo.
UNA TRIBUTACION MÁS INTEGRAL Y ESPECIFICA
El tema del revalúo
de las tierras destinada a la producción agropecuaria de la Provincia de Buenos
Aires y sus implicancias tributarias a través de la reforma aprobada reinstaló
una cuestión y un debate que tienen un largo historial en nuestro país.
La orientación y las
normativas básicas que sustentan los sistemas fiscales en cada país evidencian
y reflejan la armonía y el
entramado
de las pujas e intereses de quienes
detentan el poder económico. Nuestro país no constituye una excepción a esa
inveterada regla.
Existe un trabajo de
investigación , realizado por el destacado tributarista cordobés y miembro del
Plan Fénix, el contador Salvador Treber, quien fuera Titular del Banco Central
durante los primeros años del gobierno de Don Raúl Alfonsín, que aborda esta
extensa temática de los tributos que afectan al sector rural. Recordemos que el Plan Fénix, cuyo nombre completo es “ Hacia el Plan Fénix,
diagnóstico y propuestas. Una estrategia de reconstrucción de la economía
argentina para el crecimiento con equidad”, que ha dado lugar a la formación de un grupo de
estudiosos y una medular
experiencia de análisis que se inició allá por Octubre del 2001, llevada
adelante por profesionales de la
Universidad de Buenos Aires, de la que participó Treber junto
a otros prestigiosos como el economista Aldo Ferrer, Daniel Azpiazu, Eduardo
Basualdo, Marcelo Lascano, Jorge Katz, Benjamín Hopenhayn, Arturo O’Connel,
entre otros, que aún hoy siguen publicando notas sobre su trabajo
socio-económico inspirado en el modelo keynesiano y en los informes de la CEPAL, entidad ésta, que
abarca una amplia mirada sobre América latina y el Caribe, recopilando
indicadores de crecimiento y desarrollo de los países que la integran.
Volvamos al informe de Salvador Treber. Dice Treber , “que los dueños de la tierra poseen un diversificado arsenal
de instrumentos de presión que le permiten distorsionar la estructura
tributaria para su beneficio desde hace más de 70 años. A fines de 1973, el
flamante Impuesto a las Ganancias sustituyó como base imponible la ‘renta real
de la tierra’ por la ‘renta normal potencial’. Para eso un equipo coordinado
por dos ingenieros agrónomos del INTA comenzó a elaborar un nuevo catastro y,
entre 1974-1975 avanzaron para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La
tarea se vio interrumpida con el golpe de Estado. Una de las primeras medidas
del ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz fue incinerar
todo ese trabajo, mientras que los especialistas figuran desde ese momento entre los
desaparecidos”, recordó Treber.
El cambio
de imputación tributaria reorientó la imposición, no sólo sobre la situación
patrimonial del contribuyente rural, sino que buscó privilegiar la base
tributaria sobre el factor de la rentabilidad. Desde una mira técnica y
objetiva, y tomando en cuenta los factores que inciden en el crecimiento
económico; la variante respetaba un de los planteos más ortodoxos de la
instrumentación de una economía eficiente.
EL REVALUO EN NUESTRA
PROVINCIA
Durante su visita a nuestra ciudad, unas semanas atrás, el
Ministro de Agricultura provincial Gustavo Arrieta nos dejó algunas reflexiones
muy interesantes, que buscaron traer claridad sobre el tema de la actualización
inmobiliaria y tributaria que está sobre el tapete. “Quien hizo un buen trabajo sobre esto fue
Agustín Lodola, que está en la dirección de Política tributaria. Que trató de
revertir las grandes distorsiones que tiene el impuesto inmobiliario. Lo que se
busca es poner un plano de justicia en el tema”, nos explicaba Arrieta en una
de sus declaraciones.
En otro tramo expresó
que, “este atraso, esta falta de actualización, eliminó el aspecto de la
progresividad del tributo- Por ejemplo, más allá de lo que es el valor fiscal,
el impuesto que paga un campo importante en zonas como Rojas, que creo que es
el de mayor valuación actual, paga el mismo impuesto que un campo de similar
cantidad de hectáreas, de la zona de Dolores, donde está la depresión del río
Salado”.
“Lo mismo pasa, según ese estudio de investigación, con
Necochea, donde pagan el mismo impuesto
por hectárea, que el caso de campos de 9 de Julio, donde la valuación es
casi un 50 % más alta”.
Más adelante, Arrieta comentó “El tema tiene, sus detalles,
aquí están en juegos aspectos de rentabilidad, de la distribución equitativa de
la riqueza, del sentido social de la tierra. Es lo que se está llamando, el
nuevo paradigma. Hay todo un gran concepto que es la “ruralidad”.Comprende, el
valor de la tierra, su productividad, su inserción social, la incorporación de
tecnología, los salarios del peón rural. Todo juega en esta nueva valoración
integral. Más aún, hay que trabajar sobre el producto regional, el valor
agregado en origen, la manufactura del producto primario. Todo apunta a la
mayor productividad, rentabilidad y más trabajo para todos”.
Sobre la tarea
realizada en la elaboración del estudio, agregó, “Se tomó en cuenta un
valor promedio óptimo de hectárea, analizando todas las zonas de la Provincia. La cifra que resultó,
rondaba los $ 19.000,- Este valor se multiplicó por un coeficiente que
incorporaba, valor fiscal, productividad, rentabilidad, en base a la calidad de
la tierra, distinto por supuesto para cada zona. La cifra resultante, la nueva
valuación inmobiliaria, se dividió por la mitad, para amortiguar el impacto impositivo”.
“El valor resultante significa la nueva valuación de la
tierra. Sobre esa cifra se aplica la alícuota, que su vez se redujo de 4 a 1”.
LA IMPLICANCIA A NIVEL NACIONAL
Durante la conversación llegamos a uno de los nudos
“gordianos” de esta reforma tributaria provincial, que consiste en que la nueva
valuación incrementa los patrimonios individuales y caen bajo el alcance de otros
impuestos de orden nacional
El Ministro Arrieta explicó que “de igual manera que el propietario de un
camión de transporte moderno debe pagar por su patrimonio, que es un capital de
trabajo también sujeto a las variantes de rentabilidad y riesgo de inversión,
el propietario de un establecimiento rural debe tener las mismas reglas
tributarias. Y si bien muchos de esos tributos son de orden nacional, hay que
tener en cuenta que son aportes que el Gobierno Nacional los destina, por
ejemplo al mantenimiento de universidades, hospitales, escuelas, construcción
de rutas, entre otras inversiones a lo largo de todo el territorio”.
Retomando algo más del informe de Salvador Treber,
mencionado al principio, leemos que “Si se quiere cobrarle impuestos a través del
Inmobiliario Rural es imprescindible mantener actualizados los valores fiscales
de cada unidad de tierra y cercano a su valor de mercado para que no pierda
vigencia”. Como correlato a esta afirmación, remarca que en la Provincia de Buenos
Aires, de un 10 % histórico que aportaba a los montos generales de recaudación,
actualmente ese cupo sólo representa el 2 %. Una situación similar se produce
en Córdoba y Santa Fe, que conforman la trilogía de las provincias con producciones agropecuarias de mayor volumen
junto a Buenos Aires.
En el
mientras tanto, un intervalo en la situación, a la espera del real y
efectivo impacto tributario ha apaciguado las aguas, sin que ello signifique
todavía la distensión total de la cuerda.
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