El corte selectivo que se realiza en Santa María se suma al que hace varios días se viene sucediendo en Belén, ambos sobre la ruta 40. Ciudadanos conscientes de la necesidad de proteger el territorio y el agua de la región, tratan de impedir, de forma pacífica, el paso a los camiones que llevan insumos para la actividad minera de La Alumbrera, mina que hace ya 15 años viene contaminando el lugar. En estas circunstancias, en el día de ayer fueron detenidos 18 personas, de manera violenta y arbitraria.
La orden de detención fue dada por el fiscal provincial subrogante de Catamarca, Julio Landivar, quien, según los dichos de los detenidos se presentó personalmente ante ellos insultándolos y maltratándolos verbalmente.
Por su parte, el Fiscal Federal Gustavo Gómez publicó por las redes sociales: "El fiscal de Santa Maria aplica el artículo 213 bis [del Código Penal] que de acuerdo a la nueva ley antiterrorista es de competencia federal. Eso es prevaricato" (es decir, una resolución arbitraria de un autoridad judicial). Además: "La policía de Catamarca les hizo firmar un acta a los liberados obligandolos a no hablar con la prensa bajo pena de revocarles la libertad". Según Gómez, no existe orden de la Justicia Federal de Catamarca para actuar en el corte selectivo. Por ello Landivar recurriría a la Ley Anti-Terrorista".
La abogada Nidia Gauthier, que asistió a los detenidos, manifestó: "Acá faltan todas las garantías. El Fiscal ha detenido sin orden de juez competente a 18 manifestantes sometiéndolos a indagatoria sin causa alguna. El fiscal -Julio Landivar- actúa sin delito"
"A un señor Rodolfo Chayle lo detuvieron saliendo de una almacén al lado de una escuela, que está a 6 km de la sentada. A Marta Vargas, con su nene de 3 años el fiscal la amenazó que la detenía y que ponía a disposición de los tribunales de menores a su nene”. " En la detención de los asambleístas hubo golpes y amenazas, sumado esto al accionar posterior, es decir a la conformación de una comisión especial de juzgamiento en una comisaría, estamos ante hechos claramente inconstitucionales".
"Evidentemente es una situación muy preocupante la que se vive en la Provincia de Catamarca. Deben entender que quienes luchamos por la vida no somos "terroristas". Es necesario la urgente derogación de la Ley Antiterrorista, que a todas luces está hecha a la medida de los intereses de las corporaciones megamineras, y atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional" , expresó Mariela Silvestein, presidente de Conciencia Solidaria. "La instalación y continuidad de estos megaproyectos multinacionales, que profundizan el saqueo y la destrucción, necesitan un marco legal que los posibilite y dentro de este marco está la Ley Antiterrorista que ya se está aplicando, avasallando los derechos de las poblaciones más vulnerables", contnuó Silvestein.
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